En la noche del 5 de julio se dio a conocer el decreto que oficializa el cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual entrará en vigor a partir del 3 de agosto y se extenderá hasta el 29 de enero de 2024.
Según el documento, el cese al fuego podrá ser prorrogado tras una evaluación por parte de la Mesa de Diálogos de Paz de los informes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), de acuerdo con lo acordado por ambas partes.
Con la oficialización de esta medida, se ha ordenado la suspensión de las operaciones ofensivas de la fuerza pública contra los miembros del ELN que participen en el proceso de paz y que se encuentren dentro de los procedimientos establecidos en el Acuerdo del Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional (CFBTN) y los protocolos correspondientes.
El objetivo principal de este anuncio es «mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y los territorios». Según el Gobierno, las acciones específicas acordadas entre las partes buscan generar condiciones que permitan a la población civil ejercer sus derechos y libertades, con un enfoque especial en los grupos más vulnerables, incluyendo líderes sociales y ambientales, pueblos étnicos, mujeres, defensores de derechos humanos y menores de edad, entre otros.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, destacó que también se busca evitar incidentes que pongan en riesgo el cumplimiento del cese al fuego, incluyendo el desarrollo de misiones médicas, de salud pública y humanitarias, así como la atención de enfermos y heridos de la población civil y de los miembros de las Fuerzas Militares, la Policía y el ELN.
El documento aclara que «la suspensión de operaciones militares y operativos policiales ofensivos se llevará a cabo sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública de preservar la integridad del territorio nacional, garantizar el orden constitucional y legal, y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional».
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