El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Montería emitió una sentencia histórica que condena a la Nación, específicamente a la Fiscalía General de la Nación, por su responsabilidad en la muerte de la niña María José Alarcón Álvarez, de 10 años de edad. El suceso ocurrió el 13 de noviembre de 2016 en el corregimiento Los Garzones de Montería.
La menor perdió la vida a manos de su madre, Marta Cecilia Álvarez Cabrales, quien posteriormente se quitó la vida utilizando el arma de dotación que pertenecía al Estado y era utilizada por su compañero sentimental y padre de la niña, Juan Carlos Alarcón Morales.
El fallo se basa en la premisa de que Juan Carlos Alarcón Morales era funcionario de la Fiscalía, y el arma que Marta Cecilia Álvarez Cabrales utilizó para cometer los actos violentos estaba bajo custodia del Estado, siendo utilizada por Alarcón Morales en su rol como conductor escolta en la Fiscalía General Seccional de Córdoba.
A pesar de las primeras hipótesis que señalaban a Marta Cecilia como responsable de la muerte de su hija y su posterior suicidio, el caso ha estado marcado por la incertidumbre. La menor presentaba una herida de bala en la cabeza, mientras que su madre tenía heridas en el estómago y otra en la cabeza. Marta Cecilia Álvarez Cabrales trabajaba en la Fiscalía y había sido asignada recientemente a un nuevo cargo en el Palacio de Justicia como asistente de Fiscalía. Se sospecha que la depresión pudo haber desempeñado un papel crucial en estos hechos.
Como resultado de esta sentencia, la Fiscalía deberá pagar un total de 1.160 millones de pesos en compensación a los familiares de la menor María José Alarcón Álvarez. Este reconocimiento económico busca aliviar el sufrimiento y la pérdida irreparable experimentada por los abuelos, hermana, tíos y primos de la víctima.
Se hace constar que Juan Carlos Alarcón Morales falleció años después del trágico desenlace de su esposa y su hija, debido a complicaciones derivadas de la COVID-19.
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