La comunidad de Puerto Libertador, Córdoba, fue conmocionada por un lamentable accidente de transporte escolar que dejó a una estudiante de 12 años en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Montería. Según informes, la menor habría caído del vehículo en el que se transportaban varios estudiantes, y sufrió un golpe en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladada a la capital cordobesa donde fue sometida a una cirugía.
Este incidente ha puesto en tela de juicio el estado del contrato de transporte escolar en la zona. Los padres de los estudiantes afectados han indicado que «los menores vienen siendo transportados en vehículos que no cumplen con las condiciones técnicas mecánicas para prestar este servicio, a pesar de que se trata de un millonario contrato de cerca de 2 mil millones de pesos». Este hecho es preocupante y deja en evidencia una falta de supervisión y control por parte de las autoridades competentes.
Es importante destacar que el transporte escolar es una necesidad vital para la mayoría de los estudiantes de zonas rurales en Colombia, quienes deben recorrer largas distancias para llegar a sus centros educativos. Sin embargo, la seguridad de los estudiantes no puede ser comprometida bajo ninguna circunstancia. El hecho de que los vehículos no cumplan con los requerimientos técnicos necesarios para el transporte escolar pone en riesgo la vida de los estudiantes y es una clara violación a sus derechos.
Ante esta situación, es fundamental que la Administración Municipal se pronuncie sobre este tema y tome medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes en su transporte escolar. La falta de supervisión y control sobre los vehículos contratados para prestar este servicio debe ser investigada y corregida inmediatamente. Además, es necesario que se realice una revisión exhaustiva de los contratos de transporte escolar en todo el país para garantizar que se estén cumpliendo los requerimientos técnicos y se esté velando por la seguridad de los estudiantes.
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