La sobrepoblación de las cárceles, sumado al temor por la expansión del coronavirus que ya deja 235 contagiados y dos muertos en Colombia obligaría al Gobierno a decratar el estado de emergencia en los centros penitenciarios.
Con la decisión, el Ministerio de Justicia podría usar instrumentos excepcionales para facilitar la excarcelación temporal a un porcentaje de los colombianos privados de la libertad que cumplan condiciones como estas: ser mayores de 60 años, ser madres gestantes o de niños menores de 3 años, tener enfermedades crónicas o haber sido condenado a una pena de poca duración.
En 2018, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realizó un informe junto a la Universidad Javeriana y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE) titulado Mujeres y prisión en Colombia: Desafíos para la política criminal desde un enfoque de género.
El documento cita al Inpec y señala que para agosto de ese año había 67 niños menores de tres años viviendo junto a sus madres en las cárceles colombianas.
Otros de los candidatos a ser acogidos con la medida de detención domiciliaria serían aquellos que tengan penas de corta duración, por ejemplo, los 27.924 reclusos que recibieron una condena entre los cero y los cinco años de prisión.
No obstante, enviar a casa a todos estas personas representaría un despliegue de recursos humanos y económicos para garantizar el seguimiento y control de cada proceso de los que nos dispone por el momento el sistema penitenciario del país.
Cabe recordar que los establecimientos de reclusión presentan un 54.9% de hacinamiento ya que solo están capacitados para atender a 80.156 personas.
Mientras que casi cuarenta y cinco mil más habitan en los pasillos, patios y rincones de las cárceles aguardando condiciones dignas.
